Un nuevo ataque a la democracia municipal

Un nuevo ataque a la democracia municipal

El pasado día 27 de Diciembre del 2013, el Gobierno del Partido Popular nos regaló a todos los españoles la llamada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Con la excusa de la crisis, acusando a los Ayuntamientos de despilfarradores de erario público, nos colocan una autentica estocada en la autonomía municipal. Esta ley obedece a una autentica obsesión re-centralizadora de esta derecha caciquil que tiene miedo a una autentica democracia municipal próxima a los ciudadanos.

En la misma exposición de motivos de esta Ley, se hace referencia a la reforma del artículo 135 de la Constitución Española aprobada con del votos de PP-PSOE.

En su momento ya se tomaron medidas que anticipaban este camino con el Decreto Ley de Pago a Proveedores, que es un autentico escarnio, al concertar los Ayuntamientos créditos con los Bancos al 6% de interés cuando ellos los recibían al 1% del Banco Central Europeo. De esta forma se convertía una Deuda Comercial en Deuda Financiera.

Su objetivo no es la modernización de la Administración Local, su objetivo es a acabar con la Autonomía Local, traspasando competencias a entidades no elegidas democráticamente como las Diputaciones, a las que les da potestad para poder gestionar servicios públicos esenciales para los municipios.

A través de un nuevo mecanismo como es la catalogación de las llamadas “competencias  propias, impropias o delegadas, se va a  privar a muchos ciudadanos de  servicios que hasta ahora recibían.

Lo que se pretende con esta Ley no es realizar sino suprimir servicios públicos esenciales trasvasándolos a grandes empresas privadas. Este trasvase de la gestión de dichos servicios públicos por empresas privadas,  provocará la pérdida de empleos y de la calidad de los mismos como estamos comprobando en muchos municipios.

Un ejemplo fehaciente de esta política es la bajada en  611.402 euros en la partida referente a Servicios Sociales en nuestro Municipio.

A través de disposiciones en la Ley de Estabilidad presupuestaría también se determina que los Alcaldes podrán no tomar en cuenta acuerdos que sean tomados en el Pleno si estos afectan a la estabilidad del presupuesto, lo que dará lugar a toma de decisiones caciquiles.

En definitiva lo que se pretende es mantener a la ciudadanía lo más alejada posible de la toma de decisiones que la afectan. Este un paso más en  el proceso de degradación de la democracia española.

Es  urgente y vital que los ciudadanos de Alcorcón sepan que con esta ley, sus concejales elegidos no estarán a su servicio, sino al cumplimiento de unas leyes impuestas por orden del capitalismo neoliberal.

No podemos estar contemplando estas actuaciones sin ponernos manos a la obra a decidir con nuestros votos y con nuestra organización, una nueva forma de estar en  sociedad, luchando por un Proceso Constituyente a nivel Nacional y Municipal.

Zelig.

 

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